Evaluación judicial de la prohibición a la publicidad de apuestas
La patronal de juego online de España, Jdigital, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de la Nación. Este tiene el fin de replantear la constitucionalidad del decreto que restringe la publicidad a la industria del juego. La orden fue aprobada en el 2020 y desde entonces se redujo la capacidad comunicativa del sector.
El Tribunal Supremo analiza la enmienda de la publicidad de juego. © Daniel_B_photos/Pixabay
El Tribunal Supremo analiza la ley de juego
La adaptación de la legislación de juego a partir de las actualizaciones del 2020 llevaron un gran descontento en la industria. Esto se debe a que las reglamentaciones impusieron límites estrictos para la comunicación, que en ningún caso fueron beneficiosos para las empresas. Por eso es que ha habido numerosos intentos para que las autoridades reconsideren los incisos relativos a las restricciones al marketing.
Así se lo planteó la patronal de juego online al Tribunal Supremo mediante un recurso que cuestiona la constitucionalidad del artículo 7.2 de la Ley 13/2011. Ese punto fue incorporado en el 2020 e impone restricciones severas a las empresas del sector. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado lugar para la revisión y se emitirá sobre el tema cuando haya realizado las consultas pertinentes.
Según los referentes judiciales, la ley del 2020 podría ir en contra del principio de reserva que está estipulado en la Constitución nacional. Este punto se vincula con la libertad de las empresas y pareciera ser incompatible con las regulaciones promovidas desde el Ministerio de Consumo. La cuestión se trasladará al Tribunal Constitucional, donde los expertos determinarán si el inciso 7.2 es viable o no dentro de los marcos judiciales de su ámbito.
El entramado técnico de la revisión de la ley
El documento presentado por Jdigital expresa que la ley de juego no brinda especificaciones sobre cómo implementar las restricciones propuestas ni pautas para condicionar la publicidad. Tampoco hay criterios dados sobre lo que las empresas pueden realizar. Esto puede ser entendido como una ausencia de legitimidad legal que haría que la reglamentación resultara inviable.
Así pues, existen dos opciones tras la reevaluación de la enmienda del 2020. Si el Tribunal Supremo se pronuncia por la inconstitucionalidad del artículo 7.2, el Real Decreto dejaría de tener cobertura legal suficiente para reglamentar el espectro publicitario de la industria. Esto significaría la retracción del marco legislativo del juego al estado previo al 2020.
Si, por el contrario, el Tribunal Supremo avala la constitucionalidad del Real Decreto, el artículo 7.2 de la ley seguiría vigente y la publicidad se reglamentaría como hasta el momento. No obstante, otras áreas del petitorio de Jdigital podrían ser revisadas, si su validez legal estuviera en duda o presentara incompatibilidades con el ejercicio constitucional de la actividad económica. Al tratarse de una regulación que causó tantos contratiempos en el sector del juego de España, no sería impensado que las restricciones pudieran ser flexibilizadas.
La actualidad publicitaria de la industria del juego en España
A partir del Real Decreto 958/2020 la publicidad se ha convertido en un auténtico punto problemático para las empresas de apuestas en España. Los anuncios en radio y televisión, por ejemplo, están restringidos al horario de 1 a 5 de la mañana, una franja de muy poca audiencia. Esto está justificado en la protección a los sectores vulnerables, en especial las infancias, e implica multas de hasta un millón de euros para los infractores, así como la suspensión de la actividad por medio año. Sin embargo, para la patronal de juego la medida no contribuye a un juego más seguro, sino que conlleva a un desconocimiento de cuáles son las opciones legales para apostar en el país.
Otro de los puntos conflictivos ha sido la suspensión de todos los contratos de patrocinio deportivos, que acotó mucho los márgenes de las casas de apuestas. Se calcula que esta medida supuso el fin de un negocio de unos 400 millones de euros al año. En efecto, se trata de una tendencia global, que está por ponerse en marcha en el Reino Unido y que ha sido implementada en países como Suecia y Dinamarca. Sin embargo, la postura de las empresas españolas es que el auspicio de clubes es favorable para ambas partes.
Esta situación ha llevado a un clima algo tenso entre la administración de Pedro Sánchez y el sector del juego en España. De hecho, los números de la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) muestran una caída en los ingresos de la industria. Para Jdigital, además de la pandemia, el principal responsable de este retroceso es el gobierno y su postura conservadora sobre la actividad.
