La UE refuerza las normas sobre las criptomonedas

El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea han acordado la implementación de nuevas normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este acuerdo representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad financiera y proteger a los ciudadanos de la UE frente a actividades ilícitas.

Nueva regulación para las transacciones con monedas digitales

El acuerdo provisional sobre el Reglamento para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) representa un paso importante en la armonización de las normas para el sector privado en la Unión Europea. En particular, la regulación del sector de las criptomonedas ha experimentado un cambio significativo.

Teléfono móvil sobre una tarjeta bancaria y un billete encima de una mesa.

La UE refuerza las normas sobre las transacciones con criptomonedas. ©CardMapr.nl/Unsplash

La mayoría del sector de criptoactivos ahora se encuentra bajo el marco regulatorio. Esto significa que todos los proveedores de estos servicios están obligados a llevar a cabo la diligencia debida con sus clientes, lo que incluye la verificación de la identidad de los usuarios (KYC o “Conoce a tu cliente”).

Esta medida busca prevenir el uso de criptomonedas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En el ámbito de las relaciones de corresponsalía transfronterizas en el sector de las criptodivisas, se han establecido medidas de diligencia debida reforzada. Estas tienen como objetivo garantizar que las plataformas de criptomonedas no sean utilizadas para actividades ilegales, lo que implica una mayor supervisión y verificación de las transacciones.

En cuanto a los pagos en efectivo, en la Unión Europea se ha establecido un límite máximo de 10.000 euros. Además, las entidades obligadas deben identificar y verificar la identidad de cualquier persona que realice una operación ocasional en efectivo de entre 3.000 y 10.000 euros.

Estas medidas buscan fortalecer la integridad del sistema financiero y proteger a los ciudadanos y la economía de la Unión Europea contra actividades financieras ilícitas relacionadas con las criptomonedas, al mismo tiempo que garantizan una mayor transparencia y seguridad en las transacciones.

La lucha contra el blanqueo de capitales

El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas legislativas con el objetivo de reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Aunque los detalles específicos del acuerdo aún no se han publicado, este avance demuestra la firme determinación de la UE para salvaguardar a sus ciudadanos y su economía frente a este tipo de delitos. Y amenazas finacieras ilícitas.

En este contexto, la Unión Europea también ha aprobado una nueva normativa que transforma por completo el sistema de pagos en euros.

  • Transferencias en menos de 10 segundos: Según la nueva norma, los bancos y otras entidades proveedoras de servicios de pago deberán garantizar que las transferencias en euros deben llegar al destinatario en menos de 10 segundos, sin importar cuándo se realicen o la hora del día.
  • Cargos uniformes: Además, los cargos aplicados por las transferencias instantáneas en euros no podrán exceder a los aplicados a las transferencias convencionales, que no son instantáneas. Esto significa que los clientes podrán beneficiarse de un servicio más rápido sin incurrir en costos adicionales significativos.

Otras medidas contra el lavado de dinero

Además de las mencionadas anteriormente, se han implementado una serie de medidas adicionales para fortalecer aún más la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen la ampliación de la lista de entidades obligadas a cumplir con regulaciones específicas.

Sectores como los comerciantes de artículos de lujo, automóviles de lujo, aviones, yates y bienes culturales ahora están sujetos a un mayor control para prevenir este delito.

Además, se han establecido medidas de diligencia debida reforzada para las operaciones con personas con un elevado patrimonio neto. Estas ayudarán a garantizar que las grandes fortunas no se utilicen para actividades financieras ilícitas.

En relación a la titularidad real, se han implementado nuevas normas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Hasta ahora, no se había definido claramente qué porcentaje de propiedad se consideraba relevante para determinar la titularidad real. Con las nuevas normas, se ha establecido un umbral del 25%.

Del mismo modo, se ha ampliado el acceso a la información sobre la titularidad real. Ahora, las personas del público con interés legítimo, como la prensa y la sociedad civil, tienen una mayor capacidad para examinar públicamente las transacciones financieras y descubrir quiénes son los verdaderos propietarios

También se ha creado un registro que recoge la titularidad real de todas las entidades extranjeras que posean bienes inmuebles en la Unión Europea. Esta iniciativa tiene como objetivo dificultar el uso de testaferros en transacciones inmobiliarias y garantizar una mayor claridad en la propiedad de activos.

Por otro lado, las entidades obligadas deben aplicar medidas de diligencia debida reforzada cuando realizan operaciones con terceros países considerados de alto riesgo. Las instituciones financieras sujetas a regulación deberán realizar una investigación más exhaustiva y recopilar información adicional sobre las partes involucradas.

Por último, se ha mejorado la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para facilitar el intercambio de información y la investigación de actividades sospechosas y se ha introducido un nuevo enfoque para la supervisión de las entidades obligadas.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una prioridad para la UE. Se espera que todas estas nuevas medidas contribuyan a reducir el flujo de dinero ilícito, a aumentar la transparencia, a mejorar la cooperación entre las autoridades y a fortalecer la supervisión de las entidades obligadas.

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