El proyecto de ley del juego online avanza en Chile

La iniciativa, que busca regular las plataformas de apuestas y casinos online en Chile, recibió el apoyo mayoritario de los diputados de la Comisión de Economía. La junta aprobó las indicaciones presentadas por el Gobierno chileno y nuevos artículos referidos a los casinos y a las actividades no reguladas expresamente.

Mirador Sky Costanera de la ciudad de Santiago.

El proyecto de ley del juego online avanza en Chile. ©Agustín Ljósmyndun/Unsplash

Los cambios y desafíos que plantea el proyecto

El proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas y casinos de juegos online en Chile dio un paso importante en su tramitación legislativa, al ser aprobado por la mayoría de los diputados de la Comisión de Economía de la Cámara Baja. La iniciativa, impulsada por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Hacienda, busca establecer un marco normativo que garantice la transparencia, la competencia y la protección al jugador en el mercado del juego online.

El proyecto introduce una serie de cambios en el sector del juego, que afectan tanto a los operadores como a los usuarios. Entre ellos, se destaca la creación de una licencia específica para las plataformas de apuestas y casinos online, que tendrá una duración de tres años y podrá ser renovada por períodos iguales.

Para obtenerla, las sociedades operadoras deberán cumplir con requisitos similares a los que se exigen a los casinos físicos, como ser sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile, justificar el origen y suficiencia de los fondos, contar con un capital mínimo y cumplir con los requisitos técnicos que establezca la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ).

Asimismo, se establece un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos de las plataformas de apuestas y casinos online y, en caso de que desarrollen objetivos deportivos de apuestas, deberán pagar otro 2% de sus ingresos brutos. Además, se aprueba la definición de beneficiarios finales, es decir, las personas naturales que tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 10% del capital o del poder de decisión o veto, en relación con una sociedad que solicite u opere un servicio.

Otro aspecto relevante es la fijación de un límite máximo de 20 licencias para las plataformas de apuestas y casinos online, que se otorgarán mediante un proceso competitivo y transparente. La SCJ podrá aumentar o disminuir este número en función de la demanda y la oferta del mercado.

Prohibición de actividades no reguladas expresamente

La Comisión de Economía ha aprobado un nuevo artículo que impide las actividades que no estén expresamente reguladas por la ley.. El proyecto establece que se prohíbe cualquier tipo de juego y apuesta que se ofrezca comercialmente, sin tener autorización ni regulación de la ley de casinos de juego u otras leyes. Esto busca impedir el vacío legal en el que funcionan actualmente las plataformas digitales y evitar una situación similar en el futuro.

Esta medida busca combatir el mercado ilegal del juego online, que según estimaciones del Gobierno mueve unos 500 millones de dólares al año en Chile. Estas plataformas no pagan impuestos ni cumplen con las normas de protección al jugador, lo que genera una competencia desleal con los operadores autorizados y un riesgo para los consumidores. El proyecto establece sanciones administrativas y penales para quienes infrinjan esta prohibición, así como mecanismos para bloquear el acceso a estos sitios web.

La regulación de los casinos físicos

Otro artículo aprobado por la Comisión se relaciona con la regulación de los casinos físicos. Según el texto, los operadores de casinos solo podrán explotar los juegos de azar incluidos en el catálogo definido por el ministerio de Hacienda, excluyendo el juego online, salvo las apuestas por medio de plataformas, que podrán efectuarse mediante terminales en línea dentro del casino.

Esto implica que los casinos físicos no podrán ofrecer sus servicios online a través de sus propias páginas web, sino que deberán solicitar una licencia específica para ello.

La protección al jugador

El proyecto también contempla medidas de protección al jugador, que buscan prevenir y tratar el juego problemático, así como asegurar una experiencia de juego responsable y segura. Entre ellas, destaca la regulación de la publicidad y promoción del juego online, que deberá ser veraz, objetiva y no inducir al engaño o al consumo excesivo. Además, se prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad o a personas excluidas del juego.

Asimismo, se establecen mecanismos para prevenir el juego de menores de edad, como la obligación de las plataformas online de verificar la identidad y la edad de los usuarios antes de permitirles acceder al juego. También se prohíbe el uso de tarjetas de crédito o débito emitidas a nombre de menores de edad para realizar apuestas online.

Otra medida importante es la exclusión voluntaria o forzosa del juego online, que permitirá a los usuarios o a sus familiares solicitar su inhabilitación para acceder a las plataformas virtuales.

Las opiniones de los actores involucrados

Algunos representantes de los casinos físicos han manifestado su apoyo a la iniciativa, argumentando que contribuirá a generar mayor competencia, transparencia y recaudación fiscal. Asimismo, han planteado la necesidad de implementar una “ley corta” que permita iniciar el proceso de regulación lo antes posible, sin esperar a que se apruebe el proyecto completo.

Por otro lado, algunos operadores online también han expresado su respaldo al proyecto, destacando la importancia de regular el juego online en Chile para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. Estos han señalado que el proyecto es una oportunidad para formalizar el mercado, generar confianza en los jugadores y fomentar la inversión y la innovación.

El proyecto de ley del juego online en Chile se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde se ha avanzado en un 80% de los artículos. Esto significa que se ha aprobado la mayor parte del articulado, incluyendo requisitos que deben cumplir las entidades certificadoras, restricciones a la publicidad, normas de juego responsable, derechos y deberes de los usuarios y las normas generales que establecen un mercado semi abierto.

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