Galicia prepara límites para las máquinas tragaperras de bar
El proyecto normativo de la Xunta prevé un máximo de 8.500 máquinas recreativas y 3.400 terminales de apuestas en la hostelería. También contempla más inspecciones, mientras Extremadura ya registra un 19% menos de establecimientos de juego que en 2021.
Qué cambiaría en los bares con el reglamento gallego
La Xunta propone un máximo de 8.500 tragaperras y 3.400 terminales de apuestas en bares.
La Xunta plantea dos máximos para el conjunto de la hostelería gallega: 8.500 autorizaciones de máquinas de tipo B y 3.400 de terminales auxiliares de apuestas. Las cifras aparecen en el proyecto de decreto para la aprobación del Reglamento General de Juego de Galicia, aún en tramitación.
Cada bar, cafetería o restaurante podrá instalar hasta dos aparatos, siempre de categorías distintas. Solo se permitiría uno de cada clase: una máquina B y un terminal de apuestas, pero no dos máquinas B ni dos terminales.
Las de tipo B son recreativas físicas con premio en metálico, las que suelen identificarse como tragaperras en los bares. Su autorización corresponde a las comunidades autónomas, mientras que las tragaperras online están sometidas al marco estatal del juego por internet.
La Ley del Juego de Galicia ya establece un máximo general de 12.000 autorizaciones de máquinas B, además de 118 salones y 41 tiendas de apuestas. El borrador concreta las cifras para la hostelería: reduce de 3.600 a 3.400 los terminales y sitúa en 8.500 las máquinas B.
Los datos disponibles no permiten anticipar una retirada inmediata. En diciembre de 2020 había 7.921 máquinas B y 2.978 terminales en establecimientos de restauración y ocio, por debajo de las cifras propuestas. Sin un recuento más reciente, se desconoce si las cantidades actuales superan esos umbrales.
Los bares entran en el radio de los inspectores
El proyecto también modifica el control de las máquinas recreativas en bares. Quienes quieran instalarlas deberán comunicarlo a la Xunta y aportar el título municipal que habilita su actividad. Los negocios con una autorización anterior quedarán exentos del procedimiento.
Las inspecciones podrán realizarse sin aviso previo y abarcarán las máquinas, el material de juego y la documentación. Los responsables de los locales deberán facilitar el acceso y las comprobaciones.
Los terminales de apuestas deberán incorporar mecanismos que impidan su uso por menores. En las máquinas de tipo B, estos sistemas se instalarán cuando el titular del establecimiento se los solicite a la empresa operadora. El bar seguirá siendo responsable de evitar que jueguen menores y deberá mostrar la prohibición de forma visible.
El texto todavía no está aprobado. La Xunta mantendrá abierto el periodo de sugerencias hasta el 26 de octubre de 2026. Después deberá completar la tramitación y publicar el decreto en el Diario Oficial de Galicia. La versión actual prevé su entrada en vigor 20 días después y concede tres meses para realizar las adaptaciones necesarias.
Extremadura pierde 25 locales de juego desde 2021
Galicia aún tramita sus nuevos topes, pero Extremadura ya registra una reducción de la oferta presencial. La comunidad cerró 2025 con 105 establecimientos de juego, frente a 130 en 2021, lo que supone una caída del 19%.
El retroceso se concentró en los locales específicos de apuestas, que pasaron de 22 a nueve, casi un 59% menos. Desde 2021 hubo 15 bajas y solo dos altas; esos dos negocios terminaron cerrando. Badajoz se quedó sin ninguno y Mérida perdió el último en 2025.
Los salones de juego con máquinas de tipo B siguieron una evolución más moderada. Pasaron de 100 a 88, un 12% menos, mientras que las siete salas de bingo y el único casino mantuvieron su número.
Desde 2019, Extremadura no autoriza nuevos establecimientos específicos de juego a menos de 300 metros de un centro educativo ni de 250 metros de otro local del sector en el mismo núcleo urbano.
Estas restricciones reducen las ubicaciones disponibles para nuevas aperturas, pero no explican por sí solas los cierres. Las estadísticas tampoco permiten aislar su efecto del impacto económico de la pandemia.
El retroceso extremeño y el proyecto gallego muestran cómo la regulación autonómica influye en la presencia de máquinas y locales en los barrios, aunque no sea el único factor. El Tribunal Supremo deberá aclarar además hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos al restringir las casas de apuestas.
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