Las casas de apuestas en Murcia, sin distancia mínima a colegios
por Merche Peralías
16/03/2026
El Ejecutivo regional mantendrá la renovación de licencia a las casas de apuestas en Murcia sin aplicar la distancia mínima de 500 metros con colegios. El criterio se aplicará a los locales ya operativos, en un contexto de debate sobre la ordenación de este tipo de establecimientos.
Renovaciones de licencia y distancia mínima, el núcleo del conflicto
Murcia mantendrá renovaciones de licencias sin exigir 500 metros de distancia a colegios.
La polémica se ha intensificado después de que el Gobierno autonómico confirmara que no exigirá, por ahora, la distancia mínima de 500 metros entre centros educativos y locales de juego en los procesos de renovación de licencia.
La medida afecta a las casas de apuestas en Murcia que ya operaban con autorización previa y que se encuentran actualmente en fase administrativa de renovación. El Ejecutivo justifica esta decisión en el principio de seguridad jurídica.
Según este criterio, los establecimientos que obtuvieron su licencia bajo una normativa concreta no deberían ver alteradas las condiciones esenciales de su permiso por cambios posteriores en la regulación. Aplicar ahora esa distancia mínima podría derivar en recursos judiciales, reclamaciones económicas y conflictos administrativos prolongados, especialmente si se interpreta como una aplicación retroactiva de la norma.
En los últimos años, varios municipios han intentado limitar la concentración de locales de juego en determinadas zonas urbanas, especialmente en áreas cercanas a colegios e institutos.
Para ello, aprobaron modificaciones urbanísticas que fijaban una distancia mínima entre las salas de juego y los centros educativos, así como entre los propios establecimientos, con el objetivo de evitar su concentración en determinados barrios y limitar su presencia en entornos sensibles.
Sin embargo, distintas resoluciones judiciales anularon parte de esas reformas. Esto ha generado un marco regulatorio complejo, en el que no siempre resulta claro qué criterios están plenamente vigentes y cuáles deben revisarse en cada procedimiento concreto.
Reacciones políticas y comparación con otras comunidades
La decisión de no exigir la nueva distancia en las renovaciones ha sido cuestionada por grupos de la oposición y por colectivos que reclaman un endurecimiento de las condiciones para el juego presencial.
Desde estos sectores se defiende que, en un procedimiento de renovación, deberían aplicarse los requisitos vigentes en el momento del trámite y no los que estaban en vigor cuando se concedió la licencia original.
El debate llega en un contexto de creciente sensibilidad social en la Región de Murcia respecto a la cercanía de locales de juego a centros educativos, una cuestión que ha generado discusión pública en distintos municipios.
En otras autonomías se han adoptado medidas específicas para limitar la implantación de estos establecimientos. En Canarias, la ley estableció una distancia mínima de 200 metros entre salones de juego y centros educativos, así como entre establecimientos del mismo tipo.
La norma se aplica a nuevas aperturas y traslados, e incorpora zonas de influencia alrededor de centros escolares para restringir la instalación de locales en entornos considerados sensibles.
Desde el ámbito empresarial se insiste en que las compañías que operan apuestas deportivas en Murcia cumplen los requisitos legales en control de acceso y prevención del juego de menores. Además, recuerdan que su actividad está sometida a inspecciones periódicas y a obligaciones de juego responsable establecidas por la normativa autonómica vigente.
Seguridad jurídica e impacto administrativo
Más allá del debate político, la decisión tiene implicaciones administrativas y económicas. La renovación de una licencia no es un trámite automático y exige comprobar que el establecimiento cumple las condiciones técnicas y normativas bajo las que fue autorizado.
Las empresas que gestionan las casas de apuestas en Murcia han defendido que la estabilidad regulatoria es esencial en los procedimientos de autorización y renovación. Según este planteamiento, aplicar nuevos requisitos a licencias ya concedidas podría generar controversias jurídicas y recursos ante los tribunales.
Por su parte, los sectores críticos consideran que la normativa vigente en el momento de la renovación debería aplicarse también en estos procedimientos. El debate reside en determinar si una renovación debe interpretarse como continuidad de la autorización inicial o como un nuevo acto administrativo sujeto a los requisitos actuales.
Mientras continúan los trámites, el alcance práctico de la decisión dependerá de cómo se resuelvan los procedimientos administrativos y, en su caso, las impugnaciones que puedan presentarse.
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