El sector del juego reclama las tasas pagadas durante la pandemia
por Merche PeralÃas
19/05/2026
La pandemia del COVID-19 reabre el pulso fiscal entre administraciones y operadores del juego por las tasas cobradas durante los cierres obligatorios. El conflicto sigue activo en varias regiones pese al criterio restrictivo fijado por los tribunales y mantiene en vilo a buena parte del sector.
Pandemia COVID: reclamaciones abiertas por tasas durante el cierre
El sector del juego reclama la devolución de tasas cobradas durante los cierres del COVID.
El impacto de la pandemia del COVID-19 continúa dejando huella en el ámbito económico y regulatorio en España. En particular, el sector del juego sigue reclamando la devolución de tasas abonadas durante los periodos en los que la actividad quedó completamente suspendida por decisión administrativa.
Durante los meses más restrictivos, miles de establecimientos vinculados al juego presencial —salones, bares con máquinas recreativas o locales de apuestas— permanecieron cerrados sin posibilidad de generar ingresos. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas, las administraciones mantuvieron el cobro Ãntegro de tributos asociados a la explotación de estas máquinas.
Esta situación ha dado lugar a un volumen significativo de reclamaciones que, años después, siguen su curso en distintas instancias judiciales. Las empresas afectadas argumentan que el pago de estas tasas carece de sentido cuando no existe actividad real, un planteamiento que conecta directamente con las importantes pérdidas durante pandemia que arrastró el sector.
Uno de los casos más relevantes se está desarrollando en Aragón, donde un grupo de 45 empresas —responsables de cerca del 71% del parque de máquinas recreativas— ha impulsado una reclamación conjunta valorada en torno a los cuatro millones de euros. El objetivo es recuperar los importes abonados durante los periodos de inactividad forzosa.
En Castilla y León, la situación sigue una lÃnea similar. Varias operadoras han impugnado las tasas correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2020. La patronal SAJUCAL ha denunciado el cobro Ãntegro pese a los cierres obligatorios, reflejando el malestar generalizado entre los operadores.
El Tribunal Supremo fija un criterio restrictivo
El recorrido de estas reclamaciones ha estado marcado por la posición del Tribunal Supremo, que en los últimos años ha consolidado una doctrina que limita de forma notable las posibilidades de éxito de las empresas del sector.
Según el alto tribunal, las tasas vinculadas al juego no dependen del uso efectivo de las máquinas, sino de la autorización administrativa que permite su explotación. En consecuencia, el hecho de que un establecimiento estuviera cerrado no elimina la obligación de tributar, ya que la autorización seguÃa vigente durante ese periodo.
Este criterio ha servido de base para desestimar numerosas reclamaciones en diferentes territorios. Además, el Supremo también ha rechazado la posibilidad de reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, al considerar que las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria fueron proporcionadas y justificadas.
Este enfoque ha generado un fuerte debate dentro de la industria del juego, que considera que la interpretación jurÃdica no tiene en cuenta la realidad económica de los operadores durante los meses de cierre total.
Diferencias autonómicas que mantienen vivo el conflicto
Pese a la lÃnea general marcada por el Supremo, no todas las resoluciones han sido idénticas. Las diferencias en la normativa autonómica han abierto la puerta a interpretaciones distintas en algunos casos concretos.
Un ejemplo relevante se encuentra en Cantabria, donde una sentencia reciente sà reconoció el derecho de un operador a recuperar parte de las tasas abonadas. La clave estuvo en que la normativa autonómica vinculaba el tributo al ejercicio efectivo de la actividad, lo que permitió sostener la reclamación con mayor solidez jurÃdica.
En cambio, en Baleares, la justicia desestimó en marzo de 2026 la solicitud de una operadora de Ibiza que reclamaba más de 130.000 euros correspondientes a 79 dÃas de inactividad. Este fallo se alinea con la doctrina general del Supremo y refuerza la dificultad de prosperar en la mayorÃa de los casos.
El debate sobre los impuestos sobre el juego durante los cierres no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas. Para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, estos importes suponen una carga relevante en un contexto que ya venÃa marcado por la caÃda de ingresos.
La acumulación de reclamaciones y la diversidad de criterios según el territorio evidencian que la cuestión sigue plenamente vigente dentro del sector del juego en España.
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