Acuerdo entre Consumo y las CC.AA. para interconectar sus registros de autoprohibidos

El Consejo de Políticas de Juego, encabezado por Alberto Garzón, presentaba el pasado 14 de julio un acuerdo para interconectar los registros nacionales y autonómicos de interdicción de acceso al juego. Se trata de una medida adicional que busca fortalecer las herramientas gubernamentales para fomentar un juego responsable en España.

Sala de juntas.

El Consejo de Políticas de Juego llegaba en su última junta el 14 de julio a un acuerdo para coordinar la lista de autoprohibidos al juego presencial y online. ©Jo_Johnston/Pixabay

No es fácil darse cuenta y aceptar que uno vive en el círculo vicioso en que se pueden convertir los juegos de azar y las apuestas deportivas online. Y muchas veces más difícil resulta dar un paso adelante y utilizar los recursos que hay disponibles, como el registro en la lista de interdicciones que deniega el derecho a consumir este tipo productos. Todo ese esfuerzo se puede tirar por la borda en cuestión de segundos: darse de alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), que veta el acceso a operadores online, no impide poder apostar sin problemas en un casino o sala de juegos de tu localidad.

Eso es lo que precisamente busca el acuerdo de coordinación de los registros de interdicciones al juego al que llegó el Consejo de Políticas de Juego el pasado 14 de julio, una una propuesta que presentó el Ministerio de Consumo el 20 de septiembre de 2020. Mediante este acuerdo, las Comunidades Autónomas, el Gobierno Central y las ciudades de Ceuta y Melilla muestran su iniciativa a la elaboración de un convenio de colaboración para coordinar sus esfuerzos. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las dos únicas regiones que se han abstenido a ofrecer su apoyo a este proyecto de colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central en materia de juego. Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene automatizada su registro de interdicción al RGIAJ hasta el momento.

El acuerdo aspira a ser un primer paso hacia un único registro de interdicciones, con el que ofrecer a los usuarios que así lo requieran una herramienta más eficaz para modificar sus patrones de juego. El Gobierno publicaba a principios de este año datos reveladores sobre el aumento del número de solicitudes de autoexclusión en 2020 en el RGIAJ: el 12,02% más que en 2019. Ese registro solo recoge datos referidos al juego online, por lo que el número total entre online y presencial podría ser bastante más significativo.

Una década que estará marcada por la regularización y el juego responsable

En los primeros diez años de vida del juego online en España, el gobierno ha legislado a marchas forzadas medidas para proteger los intereses de los usuarios en un periodo en que el sector online ha visto crecer sus beneficios de forma exponencial desde 2013 hasta la actualidad.

Con la transferencia de la DGOJ al Ministerio de Consumo creado en la actual legislatura, el gobierno ha centrado su estrategia en reforzar la Ley 13/2011 en materia de juego seguro y responsable. 2020 marca la tendencia de la DGOJ en los próximos años, con proyectos de ley para proteger a los grupos más vulnerables del juego online y presencial ante el aumento del descontento popular por los efectos de este sector en la salud pública.

Pero esta dinámica no es exclusiva de España. En mercados con un volumen de participación significativamente superior al nuestro, los estados han desplegado una batería de regulaciones y colaboraciones con asociaciones de la sociedad civil para combatir los efectos adversos de los juegos de azar en línea. En el Reino Unido, con una cuota de participación en el juego online en Europa de más del 30%, entraba en vigor la prohibición de pagar con tarjeta de crédito en casinos online para evitar el endeudamiento de aquellos jugadores compulsivos.

La UKCG, el homónimo británico de la DGOJ, se aliaba con Facebook en un intento por limitar el control de la publicidad sobre casinos online en la conocida red social. No es tarea nada fácil y Google bien lo sabe: a los algoritmos del gigante de internet se les ha colado publicidad sobre casinos online cuando no correspondía. El caso más sonado fue, sin duda, la publicidad de anuncios de bonos de casino en una búsqueda sobre GameStop UK, el equivalente británico a nuestro RGIAJ.

Conglomerados de empresas líderes en el sector de los juegos de azar y las apuestas deportivas online están viendo venir la oleada de regulación que va a sacudir a la industria y, algunos como GVC Holdings, ya han anunciado que limitarán el volumen de sus operaciones a mercados regularizados.

Garzón analiza el primer año y medio de vida del Ministerio de Consumo

Transcurrido un año y medio de la actual legislatura, Alberto Garzón publicaba en su cuenta de Twitter un vídeo en el que resume la actividad del Ministerio de Consumo hasta la fecha. Garzón comienza su exposición hablando del Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades de juego cuyo objetivo, en palabras del ministro, era acabar con los “abusos de las empresas de juegos de azar y apuestas con la publicidad” para “proteger la salud pública y especialmente de aquellas personas más susceptibles”.

Otras medidas en materia de juego mencionadas en el vídeo son el nuevo acuerdo para interconectar los registros de interdicción del juego, así como la creación de una tasa para invertir los beneficios derivados del juego online en políticas públicas, algo que otros países con regulación sobre el juego online ya están implementando como es el caso de Colombia y Dinamarca. Terminaba su repaso a lo más destacado en materia de juego con el anuncio del nuevo proyecto de Real Decreto para el desarrollo de entornos seguros, todavía en fase de borrador y que ha recopilado 30 alegaciones durante el periodo de información pública.

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