La industria del juego corrige a Pablo Bustinduy

por Merche Peralías,
20/11/2025

Las recientes declaraciones de Pablo Bustinduy sobre los riesgos del juego online han generado una fuerte reacción en la industria del juego. El sector sostiene que el discurso del Ministerio de Consumo exagera la magnitud del problema y responde con datos oficiales que muestran un impacto económico menor al descrito.

El Ministerio endurece el discurso y la industria responde

El sector del juego responde al Ministerio de Consumo con datos que rebaten su discurso sobre el riesgo del juego online.

El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, presentó nuevas medidas regulatorias que incluyen advertencias más visibles en las plataformas de juego online.

Durante su exposición, el ministro advirtió sobre el impacto que el juego online puede tener en colectivos vulnerables, una postura que colocó al sector en el centro de la discusión pública.

La industria del juego reaccionó con rapidez, apoyándose en los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Según la memoria de 2024, los jugadores online con saldo negativo tuvieron una pérdida media mensual de 95,90€, equivalente a unos 3,20€ diarios.

Para los representantes del sector, esta información demuestra que la magnitud del problema es mucho menor de lo que se transmite en el discurso político.

Además, recuerdan que España cuenta con una de las regulaciones más estrictas de Europa, con límites de depósito, sistemas de autoexclusión y auditorías periódicas.

A su juicio, insistir en un relato excesivamente negativo puede tener un efecto contraproducente: empujar a los jugadores hacia plataformas ilegales que no ofrecen garantías ni contribuyen fiscalmente.

Un sector con peso en la economía española y europea

Más allá del debate político, la industria del juego subraya su relevancia económica. El Anuario del Juego en España 2024 estima que la actividad genera cerca de 79.000 empleos directos, una cifra que supera los 200.000 puestos de trabajo si se incluyen sectores vinculados como hostelería, turismo o tecnología.

En el plano fiscal, la aportación se mantiene en torno a los 2.500 millones de euros anuales en impuestos, lo que sitúa al juego entre las actividades con mayor contribución a las cuentas públicas. Además, en 2024 el volumen de juego superó los 13.000 millones de euros, impulsado sobre todo por el crecimiento del juego online.

La comparativa internacional también aporta contexto. Países como Malta, Reino Unido o Suecia han optado por modelos liberalizados, con marcos regulatorios claros y sistemas de licencias que permiten a múltiples operadores competir en un entorno controlado.

En el extremo opuesto, Finlandia o Chipre mantienen esquemas estatales restrictivos, donde el monopolio público controla la oferta de juego. España se sitúa en un punto intermedio: un sistema abierto, pero con fuertes restricciones publicitarias y exigencias técnicas estrictas.

Para la industria, este modelo garantiza un equilibrio razonable, aunque advierten que endurecer aún más las condiciones podría empujar a los usuarios hacia plataformas no reguladas.

Bustinduy, el ministro en el centro del debate político

La figura de Pablo Bustinduy como ministro se ha convertido en un punto de fricción. Sus declaraciones han sido interpretadas por el sector como parte de una estrategia política para reforzar la imagen del Gobierno en materia de protección social.

Sin embargo, los empresarios insisten en que el relato no se sostiene con los datos oficiales disponibles. Analistas del sector señalan que un discurso alarmista puede tener efectos negativos: pérdida de inversión, cierre de locales físicos y aumento del juego clandestino.

Desde su punto de vista, el debate tendría que enfocarse en fortalecer la prevención y la educación, en vez de difundir una visión catastrofista alejada de la realidad estadística.

Un pulso que continuará

Al margen del enfrentamiento, la industria propuso crear una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio. El objetivo es diseñar medidas conjuntas que refuercen la protección de los jugadores sin poner en riesgo la viabilidad de un sector que genera miles de empleos y aporta miles de millones en impuestos.

El conflicto no parece tener una solución inmediata. El Gobierno mantiene su determinación de endurecer las restricciones, mientras el sector recurre a los datos para minimizar la dimensión del problema. El debate continuará en los próximos meses, con empresarios reclamando diálogo y un Ejecutivo decidido a sostener la presión regulatoria.