El Ministerio de Consumo multa a 32 operadores con 33,5 millones

por Merche Peralías,
22/12/2025

El Ministerio de Consumo ha anunciado sanciones de 33,5 millones a 32 operadores de juego online, una resolución que intensifica el control del sector. Aunque la cifra parece apuntar a grandes marcas, cerca del 90 % corresponde a portales ilegales, mientras regulados suman algo más de 3,5 millones.

Multas millonarias y bloqueo de operadores ilegales

Consumo sanciona a 32 operadores online con multas que suman 33,5 millones de euros.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha sancionado a 32 operadores en una resolución que marca un hito en la regulación del sector.

Casi el 90 % del importe corresponde a seis portales ilegales que operaban sin licencia en España y recibieron multas de 5 millones de euros cada uno, además del bloqueo de sus páginas.

Los considerados como infractores muy graves son XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge. Estas sanciones suman 30 millones de euros y concentran el grueso del paquete anunciado.

Los otros 26 expedientes, clasificados como graves, afectan a operadores con licencia vigente en España. Aunque las cifras son menores, el impacto reputacional es significativo.

Entre los casos más destacados figuran 888 Online, multada con 250.000€ por incumplimientos técnicos en software y sistemas de comunicación; Beatya Online, con 300.000€ por motivos similares; Betfair, con 100.000€ por fallos en materia de juego responsable; Electraworks Ceuta, con 512.000€ por tres infracciones, incluida la admisión de jugadores prohibidos; y Codere, con 17.500€ por incumplimientos técnicos reglamentarios.

El ministro Pablo Bustinduy subrayó que estas medidas persiguen reforzar la confianza del consumidor en los juegos de azar online y asegurar que las casas de apuestas online se ajusten a la normativa.

Paralelamente, el Ministerio recuerda que las obligaciones también alcanzan a los usuarios y que la multa por no declarar apuestas aplicada por la Agencia Tributaria evidencia cómo el control se extiende a todos los actores del sector.

Un entorno regulatorio cada vez más exigente

Desde la reforma de 2021, la Ley 13/2011 establece la exigencia de publicar en la web de la DGOJ todas las sanciones firmes, lo que ha introducido un nivel de transparencia inédito en el sector del juego online.

En lo que va de 2025 se han impuesto 58 infracciones graves y muy graves que suman 111 millones de euros, mientras que desde la entrada en vigor de la reforma se han hecho públicas 212 resoluciones por un total de 496 millones.

El Ministerio de Consumo ha confirmado que esta dinámica continuará y que la estrategia seguirá combinando sanciones económicas con el bloqueo de portales ilegales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el mercado español no admitirá prácticas irregulares y que se reforzarán los mecanismos de control para garantizar la protección de los usuarios. En consecuencia, los operadores con licencia afrontan un escenario más exigente.

Las multas impactan directamente en sus cuentas de resultados y la publicación de las resoluciones añade un efecto reputacional que condiciona la confianza de los usuarios.

La transparencia, convertida en herramienta regulatoria, obliga a las empresas a reforzar sus sistemas de cumplimiento y establece un nuevo nivel de control en el mercado español del juego online.

DGOJ: denuncias, sanciones y un nuevo marco de control

El volumen de sanciones alcanzado marca un punto de inflexión en la supervisión del juego online en España. La regulación ha dejado de ser un mero marco normativo para convertirse en el factor que condiciona la operativa del sector y define la relación entre empresas, usuarios y autoridades.

El Ministerio de Consumo insiste en que el mercado español debe alinearse con la legalidad y garantizar la seguridad de los jugadores, advirtiendo además de la existencia de casas de apuestas ilegales fuera de la DGOJ que escapan a su control directo.

La publicación de las resoluciones refuerza esta dinámica y convierte la transparencia en un instrumento regulador de primer orden.

El sector se enfrenta a un escenario en el que la confianza del consumidor depende directamente del cumplimiento estricto de las normas, y donde cada infracción se traduce en un impacto visible que refuerza la presión regulatoria sobre el sector.