Salones de juego cerca de colegios: el vacío legal en Canarias
por Merche Peralías
28/07/2026
La apertura de nuevos salones de juego cerca de colegios en Canarias expone un vacío legal en la aplicación de las distancias. El caso cuestiona cómo se gestionaron permisos y expedientes durante el cambio normativo.
Una grieta entre norma y permisos
En Canarias, los salones de juego deben situarse a 300 metros de los colegios.
La clave del caso está en los locales que ya tenían una solicitud registrada o una autorización previa cuando cambiaron las reglas de distancia. La polémica no parte de una ausencia de regulación, sino de cómo se aplicó la norma nueva a trámites que ya estaban activos.
La distancia mínima a colegios fija un límite claro, pero su efecto depende de cuándo se solicitó la licencia, en qué fase estaba el expediente y qué valor conservaban las autorizaciones previas. Esa diferencia puede alterar el resultado aunque el límite de metros ya figure en la normativa.
La apertura de locales junto a centros educativos pese al endurecimiento de las restricciones situó el foco en los expedientes previos. Algunos procedimientos se habían iniciado antes del cambio y otros permisos seguían vigentes durante la transición normativa.
En Canarias, la separación frente a colegios y centros de atención a menores se fija en 300 metros para casinos, bingos, salones de juego y locales de apuestas. El objetivo es que estos negocios no formen parte del entorno diario de niños y adolescentes.
La situación cambia cuando esa distancia no se aplica por igual a todos los casos. Un salón con una solicitud ya registrada o con una autorización previa puede seguir un recorrido distinto al de una nueva apertura. En ese desajuste se sitúa el vacío legal en Canarias.
La distancia existe, pero su alcance depende de cómo se revisen los trámites que ya estaban en marcha. Si quedan fuera del nuevo filtro, la norma puede frenar futuras aperturas y, al mismo tiempo, permitir locales junto a colegios bajo autorizaciones anteriores.
La distancia mínima y sus zonas grises
La distancia mínima a colegios se ha convertido en una herramienta habitual en la regulación de salones de juego. Su función es reducir la presencia de estos negocios en calles vinculadas a centros educativos.
La aplicación, sin embargo, exige concretar varios detalles. Hay que fijar desde qué acceso se mide, qué centros educativos computan, cómo se actualizan los registros, qué ocurre con los traslados y qué protección mantienen las autorizaciones previas.
En el archipiélago canario, esa protección convive con otros límites territoriales. La ley del juego en Canarias también regula la concentración de establecimientos para evitar acumulaciones en una misma zona. Dentro de ese marco entra la separación de 200 metros entre salones recreativos y de juego, y entre estos locales y las salas de bingo.
Canarias frente a otros modelos autonómicos
El caso canario se sitúa en un mapa autonómico muy desigual. Andalucía fijó 150 metros para nuevas aperturas próximas a colegios e institutos. La Comunidad Valenciana elevó la distancia hasta 850 metros, una de las restricciones más altas y con respaldo judicial.
Madrid ha seguido una vía más progresiva, con controles, reformas y periodos de adaptación antes de endurecer la implantación de estos locales. La comparación ayuda a entender el alcance del debate. La cifra importa, pero no basta si cada licencia no se revisa con criterios claros.
Cuando una reforma no resuelve bien los expedientes anteriores, las solicitudes abiertas o los posibles traslados, incluso una restricción exigente puede quedarse corta. El límite de metros solo funciona si el trámite administrativo no abre excepciones.
Protección de menores y responsabilidad pública
La cercanía de un salón a un colegio no implica que niños y adolescentes puedan entrar, porque el acceso está prohibido. Aun así, la protección de menores no acaba en el control de admisión.
También cuenta la presencia del local en calles de paso, la visibilidad de sus rótulos y la exposición al juego en un entorno educativo. Esa dimensión convierte el caso en un asunto de impacto social, además de administrativo.
La seguridad jurídica es necesaria, pero no debería servir para mantener excepciones que contradigan una medida preventiva. La revisión de permisos previos, solicitudes pendientes y traslados será clave para que el límite no quede en una protección meramente formal en los entornos escolares canarios.
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