Un menorquín denuncia que salir de la autoexclusión cuesta 235€
por Merche Peralías
25/03/2026
Un menorquín denuncia que Baleares cobra 235€ para salir de la autoexclusión del juego, una tasa que no se aplica en la mayoría de las comunidades. La diferencia normativa reabre el debate sobre la proporcionalidad del sistema y su coherencia en el conjunto del país.
Una inscripción gratuita… hasta que se quiere salir
Baleares cobra 235 euros por cancelar la autoexclusión del juego.
Inscribirse en un registro de autoexclusión es gratuito. Cancelarlo, al menos en Baleares, no. Esa es la situación que denuncia un ciudadano de Menorca tras solicitar la baja del registro autonómico en el que se había inscrito voluntariamente para limitar su acceso al juego presencial.
Tras completar el procedimiento y considerar superada su etapa problemática, recibió la notificación del coste administrativo para formalizar la cancelación, fijado en 235 euros.
El juego presencial es competencia autonómica, por lo que cada comunidad regula su propio registro de prohibidos y puede fijar plazos, procedimientos administrativos y, en algunos casos, tasas para la cancelación de la inscripción.
Desde la administración balear se argumenta que la tasa responde a costes de gestión y busca reforzar el carácter reflexivo de la decisión. El denunciante, por su parte, considera que el importe supone un obstáculo económico innecesario en un proceso que debería centrarse en la protección del jugador.
Qué es exactamente la autoexclusión
La autoexclusión del juego online y presencial es un mecanismo voluntario mediante el cual una persona puede solicitar su propia prohibición de participar en actividades de juego. Se trata de una medida prevista en la ley del juego y vinculada a las políticas de juego responsable.
Una vez formalizada la inscripción, los operadores con licencia deben verificar la identidad del usuario y denegarle el acceso.
En el ámbito digital, el sistema se gestiona a través del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), dependiente de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). La inscripción en este registro impide abrir cuentas en operadores online con licencia y puede afectar al cobro de premios.
Cuando la inscripción se realiza en el registro estatal, la información se comunica a las comunidades autónomas para su aplicación en los juegos sujetos a control de acceso. En la práctica, el sistema funciona con dos niveles de registro: el estatal, para el juego online regulado, y los autonómicos, vinculados al juego presencial.
Cómo funciona en los operadores regulados
Todos los operadores online con licencia en España deben consultar el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) antes de permitir el acceso o validar una cuenta. Si el usuario figura inscrito, el bloqueo es automático y el operador está obligado a impedir su participación.
Estas medidas no deben confundirse con las limitaciones internas que ofrecen algunas plataformas, como pausas temporales activadas desde el perfil del usuario. Estas dependen del operador y suelen gestionarse directamente, mientras que las prohibiciones derivadas del registro público tienen carácter administrativo.
Cuando la restricción procede del organismo oficial, la empresa no puede levantarla por iniciativa propia. Quitar la autoexclusión de operadores como bet365 solo es posible cuando la autoridad competente confirma formalmente la cancelación.
La misma regla se aplica en la autoexclusión de Sportium y el resto de casinos online con licencia española o casas de apuestas. Mientras exista una inscripción administrativa activa, el operador está obligado a mantener el bloqueo hasta recibir la notificación de cancelación.
¿Debería ser igual en toda España?
La polémica no gira tanto en torno a la legalidad de la tasa como a su cuantía y a las diferencias entre comunidades autónomas. Mientras el registro estatal no exige pago para cancelar la autoexclusión, algunos territorios sí establecen tasas específicas.
La cuestión no es únicamente económica. Al tratarse de una herramienta de protección para los jugadores, su funcionamiento plantea dudas sobre si debería aplicarse bajo criterios similares con independencia del territorio.
En cualquier caso, el alcance de estos registros se limita al juego regulado y a los operadores obligados a consultarlos. En plataformas ilícitas o en casinos sin autoprohibición, esa obligación no existe, lo que reduce su eficacia práctica.
El debate abierto en las Islas Baleares vuelve así a poner sobre la mesa las consecuencias de un modelo descentralizado en el que cada comunidad fija sus propias condiciones.
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