Caso Codere: la Audiencia Nacional archiva la vía penal

Codere queda fuera del foco penal tras la decisión de la Audiencia Nacional de no investigar su reestructuración de 2021, una operación clave en el sector del juego. La resolución cierra la vía judicial impulsada por accionistas minoritarios y aclara el alcance legal del proceso.

Un fallo firme que pone fin al recorrido judicial

La Audiencia Nacional ha cerrado definitivamente la vía penal abierta por un grupo de accionistas minoritarios en relación con la reestructuración de Codere en 2021.

Pantalla con Codere en escritorio con mazo judicial y libros.

La Audiencia Nacional descarta investigar la reestructuración de Codere en 2021.

La Sala de lo Penal confirmó la inadmisión de la denuncia al considerar que no es competente para investigar los hechos planteados, una decisión que además es firme y no admite recurso. Este pronunciamiento supone el final de uno de los frentes judiciales más relevantes que permanecían abiertos para la compañía.

Aunque no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sí establece que los hechos descritos no cumplen los requisitos necesarios para ser analizados en esta instancia penal.

En concreto, el tribunal descarta que exista una afectación suficiente sobre la economía nacional o el tráfico mercantil que justifique su intervención. Tampoco aprecia que los hechos denunciados tengan un carácter internacional que permita atribuirle competencia, pese a la estructura societaria adoptada tras la reestructuración.

Una operación clave en Codere España

La reestructuración de 2021 se produjo en un contexto de fuerte presión financiera para Codere España, especialmente tras el impacto de la pandemia en el negocio presencial. La compañía llevó a cabo entonces una reorganización profunda que permitió asegurar la continuidad de su actividad y preservar su posición en el mercado.

El proceso implicó un cambio total en el control del grupo. Los acreedores pasaron a concentrar el 95% del capital de la nueva estructura, mientras que los antiguos accionistas quedaron con una participación muy reducida. Este reparto es, precisamente, el origen del conflicto que terminó en los tribunales.

Además, la reorganización dio lugar a una nueva estructura empresarial en la que áreas como Codere Online adquirieron un peso creciente dentro del conjunto del negocio, en línea con la evolución del sector hacia el entorno digital.

Como parte del acuerdo, los accionistas minoritarios recibieron “warrants”, instrumentos que les ofrecían la posibilidad de beneficiarse de una eventual revalorización futura. Sin embargo, la valoración posterior de estos activos generó controversia y alimentó el descontento entre los inversores afectados.

Qué reclamaban los accionistas

La denuncia presentada por los minoritarios se dirigía contra el antiguo consejo de administración y contra varias sociedades vinculadas a la operación. En ella se apuntaba a posibles delitos como falsedad contable, administración desleal o adopción de acuerdos sociales perjudiciales.

También se solicitaba investigar al liquidador de la sociedad original, una petición que igualmente fue rechazada en la resolución. El tribunal concluye que no existen indicios suficientes que permitan encuadrar los hechos dentro del ámbito penal en este caso.

Durante el proceso, los denunciantes también trataron de conectar el caso con cuestiones fiscales y decisiones empresariales controvertidas, en un contexto en el que volvió a aparecer el vínculo entre Codere y Montoro. No obstante, estas líneas argumentales no han tenido recorrido en la decisión final.

Impacto en el negocio y en Codere Apuestas

El cierre de esta vía judicial tiene un efecto directo sobre la percepción del grupo en el mercado. Para Codere Apuestas, elimina un foco de incertidumbre que podía influir tanto en su imagen como en su posicionamiento dentro de un entorno altamente competitivo.

En un sector marcado por la regulación y la presión reputacional, la seguridad jurídica se ha convertido en un elemento clave para los operadores. La decisión de la Audiencia Nacional permite a la compañía dejar atrás este episodio en el ámbito penal y centrarse en su actividad operativa.

Al mismo tiempo, el caso deja una lectura relevante para el conjunto de la industria. La resolución refuerza la idea de que no todos los conflictos societarios derivados de grandes reestructuraciones encuentran encaje en la vía penal, especialmente cuando no existe un impacto generalizado sobre la economía.

Con este fallo, Codere cierra uno de los capítulos más sensibles tras su reorganización, consolidando su situación actual y reduciendo la presión judicial que todavía pesaba sobre la compañía en España.

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