Otro revés del Gobierno al intentar eliminar los bonos de casino
por Merche Peralías,
11/02/2026
España vuelve a escena con otro intento fallido de eliminar los bonos de casino, una medida que el Ejecutivo ha tratado de impulsar de nuevo sin éxito. El debate se intensifica en un sector que no deja de crecer y que observa con atención los próximos pasos regulatorios.
Un sector en auge y un Gobierno que no logra avanzar
El Gobierno vuelve a fracasar en su intento de limitar los bonos de casino.
El juego online vive un momento histórico en España. Tras un 2024 de cifras récord, los datos del tercer trimestre de 2025 confirmaron un crecimiento del 16,49% respecto al año anterior, según la Dirección General de Ordenación del Juego.
Parte de este impulso proviene del marketing y de las promociones que los operadores ofrecen a los usuarios, entre ellas los populares bonos de casino, que vuelven a estar en el centro del debate político.
El Gobierno ya había intentado restringirlos en 2020 con el Real Decreto 958/2020, conocido como “Ley Garzón”, que impuso una de las regulaciones más estrictas de Europa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló parte de sus disposiciones en 2024, reabriendo la puerta a las bonificaciones y dejando al Ejecutivo con la intención de retomar el control.
Ese segundo intento llegó con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), impulsada desde el Ministerio de Consumo bajo la dirección del ministro Bustinduy.
El borrador incluía un bloque dedicado al juego online: limitar o anular los bonos de bienvenida, restringir la publicidad digital y prohibir el uso de influencers para promocionar casinos.
El Senado tumba la propuesta y el Congreso no la rescata
La caída del bloque sobre juego dentro de la Ley SAC fue contundente. El Senado lo eliminó por completo y, cuando el texto regresó al Congreso, no hubo apoyos suficientes para reintroducirlo. La aritmética parlamentaria fue decisiva.
PP y Vox votaron en contra de mantener las restricciones, argumentando que una ley sobre atención al cliente no era el vehículo adecuado para reformar el juego online. También advirtieron del riesgo económico de introducir cambios de impacto sin un debate específico.
En el lado opuesto, PSOE, Sumar, ERC y PNV defendieron avanzar en la regulación, pero no reunieron los votos necesarios. En este contexto, la figura del ministro Pablo Bustinduy, al frente del área de Consumo, volvió a cobrar protagonismo.
Aunque desde su equipo se defendió la necesidad de limitar promociones para reforzar la protección al consumidor, la falta de consenso político y la presión de distintos actores de la industria del juego frenaron la iniciativa.
Lecciones del pasado: qué ocurrió cuando los bonos sí estuvieron limitados
Entre 2020 y 2024, España vivió un experimento regulatorio único en Europa. La “Ley Garzón” restringió severamente la publicidad y las bonificaciones, lo que obligó a los operadores a replantear sus estrategias de captación y comunicación.
El sector reconoció ajustes significativos en marketing y un cambio notable en la dinámica de adquisición de nuevos usuarios. Estos resultados fueron utilizados por el Ministerio de Consumo para justificar su nueva ofensiva contra los bonos. Sin embargo, también evidenciaron un coste político y económico considerable.
Mientras tanto, la industria alertó de un riesgo creciente: cuanto más estricta es la regulación, mayor es la probabilidad de que los jugadores migren hacia operadores ilegales que operan desde el extranjero y sin garantías.
España se estanca mientras el debate regulatorio avanza en Europa
En los últimos años, varios países europeos han adoptado marcos más restrictivos en publicidad del juego, limitación de bonos y uso de influencers. Bélgica, Países Bajos, Lituania o Reino Unido han aplicado medidas adicionales, configurando un escenario cada vez más orientado al control de las comunicaciones comerciales.
España, pionera en endurecer la publicidad, afronta ahora dificultades para avanzar hacia nuevas restricciones. Mientras tanto, el sector nacional continúa creciendo y los usuarios mantienen acceso a promociones.
En este contexto, el Gobierno estudia alternativas que refuercen la protección al consumidor sin afectar la competitividad del mercado ni favorecer el desplazamiento hacia operadores no autorizados.
Los bonos de casino permanecen como uno de los elementos centrales del debate, reflejando la complejidad de equilibrar regulación, actividad económica y garantías para los usuarios en un entorno digital en constante evolución.
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