¿Atajo para desatascar la regulación online en Chile? Se buscan soluciones

En Chile, la industria busca soluciones para desatascar la estancada regulación del juego online que sigue discutiéndose en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Las posiciones del sector de los casinos terrestres parecen bastante claras al seguir insistiendo acerca del carácter ilegal del juego online a día de hoy, mientras apuestan por soluciones que puedan facilitar, al menos de momento, la transición a una regulación completa de los juegos de azar a distancia.

Punta Arenas, Chile.

En la ciudad de Punta Arenas, en la región austral de Chile, Dreams opera el casino y hotel Dreams del Estrecho. El gerente de la empresa habría abogado ante la Comisión de Economía de Diputados por una legislación de transición para desbloquear el debate acerca de la ley del juego online en Chile. ©Macarena Ollarzú/Unsplash

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en Chile habría invitado al gerente de Dreams, uno de los principales grupos dedicados a los juegos de azar en el país sudamericano, y al gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Juan Sebastián Araya, a exponer sus opiniones sobre la propuesta de ley del juego online que está siendo actualmente debatida en las instancias públicas chilenas. Tanto el representante de Dreams como el de la ACCJ forman parte de la industria de los casinos terrestres que mantiene un enfrentamiento con el sector online.

No parece que vaya a haber una salida inmediata para la situación que se vive en Chile con respecto a una legislación de los juegos de azar a distancia que prometía unos beneficios fiscales considerables para el erario chileno. El gerente de la ACCJ habría comentado en la audiencia ante la Comisión de Economía que la industria de casinos terrestres habría contribuido en impuestos algo más de 90 millones de euros, y que con un sector regulado esta cifra se podría multiplicar por dos. Mientras tanto, los operadores de juego online no regulados estarían ingresando esas cifras como puro beneficio.

En este sentido, el gerente de asuntos corporativos del grupo Dreams, Carlos Silva Alliende, habría sugerido en la misma audiencia que una solución para salir del actual estancamiento legislativo podría resultar de una ley transitoria mientras el proyecto de ley es completado. Esta ley corta giraría sobre tres ejes: recaudación, mercado competitivo y seguridad. Ello contribuiría a que ya este año se pudiese contar con una legislación online operativa, de lo contrario todo el proceso de aprobación más la licitación de licencias se demoraría al menos hasta 2024.

El representante de Dreams habría insistido, además, que durante todo el proceso de implementación de una ley que aún no se sabe si será aprobada, los casinos online ilegales seguirían operando, e ingresando, con total impunidad. Aunque la autoridad regulatoria chilena, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), reconoce como ilegal el juego online en Chile, no interviene las páginas web. De hecho, carecería de las herramientas necesarias para ello.

Otro aspecto que Silva Alliende habría señalado y que tiene una gran importancia es que, actualmente, los casinos online operativos para jugadores chilenos, empresas como Betsson, Coolbet, Latamwin o Betano que recientemente iniciaron una campaña sobre la legalidad y seguridad de las apuestas online, tendrían una ventaja sobre otros operadores locales al haber estado reuniendo una extraordinaria base de datos de clientes chilenos. Una información crucial a la hora de competir en el mercado en línea.

Silva Alliende habría propuesto que, durante el periodo de transición, a la Polla Chilena de Beneficencia, el operador estatal de loterías y rascas, y a los casinos terrestres les fuesen concedidas licencias de operación online de forma provisoria hasta que la legislación definitiva fuese implementada. De esta manera, el Estado chileno podría comenzar a beneficiarse de los impuestos por el juego online desde ya.

Se trata de una solución de transición que a buen seguro no entusiasmará a los representantes legales de los casinos online que hoy se están haciendo un hueco en el mercado chileno. Además, la propuesta de Silva Alliende supone que se implemente algún tipo de fiscalización de los operadores de juego no autorizados, lo que tampoco es tan fácil como se presume. Los grupos del sector con más fuerza, como Dreams y Enjoy o la ACCJ, estarían así presionando al Congreso para que antes de la aprobación de la ley exista algún tipo de medida legal contra los casinos online operativos en el país.

La hoja de ruta del gobierno

La subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Claudia Sanhueza, se comprometió ante la misma Comisión de Economía del Congreso que el gobierno enviará en marzo una serie de mejoras al proyecto de Ley y que no dudan de que se trata de una buena base para iniciar el proceso de regulación del juego online en Chile. También avanzó que la SCJ está altamente cualificada para actuar como autoridad fiscalizadora en este punto.

Las audiencias previstas durante estos dos primeros meses del año en la Cámara de Diputados servirán para introducir las modificaciones necesarias en el proyecto de Ley que el ejecutivo tramitará nuevamente en marzo.

Por su parte, la responsable de la SCJ, Vivien Villagrán, habría recalcado que la Superintendencia poco puede hacer actualmente para frenar la actividad ilegal y que, en su opinión, es mejor regular que prohibir. También ha señalado que la exuberante cifra de 900 páginas que estarían operando juegos de azar online no se corresponde con la realidad, pues muchos de esos casinos no están enfocados al jugador chileno. Muchas son páginas que operan en la red pero que carecen de integración en el mercado del país, en donde tener disponibles pasarelas de pago digitales locales se antoja fundamental. No obstante, ha reconocido que sí existen páginas online claramente enfocadas al mercado chileno.

Villagrán también ha apuntado que se calcula que para 2025 la industria del juego online podría estar recaudando unos 130 millones de euros, lo que supone un tercio de lo que recaudan los casinos terrestres.

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