Canarias impone distancias de 200 metros entre locales de juego

por Merche Peralías,
18/07/2025

La Ley 2/2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, establece una distancia mínima de 200 metros entre salones de juego, bingos y centros educativos. La norma busca frenar la expansión descontrolada del sector, proteger a los menores y ordenar el ocio urbano en el archipiélago con criterios de salud pública.

El nuevo perímetro del juego

Una nueva ley autonómica canaria impone una distancia de 200 metros entre locales de juego y centros educativos.

La Ley 2/2025, de 26 de junio, ha introducido una de las reformas más ambiciosas en la regulación del juego en Canarias.

Desde la entrada en vigor de la norma, no se permitirá abrir nuevos salones de juego, bingos ni locales de apuestas si se encuentran a menos de 200 metros, medidos en línea recta, de otro establecimiento del mismo tipo.

Esta distancia se mide desde las puertas de acceso de cada local, sobre plano, y se aplica también a los traslados de locales ya autorizados.

La medida responde a una preocupación creciente por la saturación de locales de juego en determinadas zonas urbanas, donde su concentración ha generado un impacto negativo tanto en la imagen del entorno como en la salud pública.

Con esta barrera legal, el Gobierno de Canarias pretende evitar que los salones de apuestas se agrupen en calles o barrios específicos, creando lo que algunos expertos denominan “corredores de juego”.

Además, la ley establece una distancia idéntica entre salones de juego y salas de bingo, lo que refuerza el objetivo de dispersar geográficamente este tipo de negocios. Quedan exentos de cumplir la distancia de 200 metros aquellos establecimientos ubicados en centros comerciales que no tengan acceso directo desde la calle.

En estos casos, si los locales se encuentran en la misma planta, bastará con mantener una separación mínima de 75 metros. Esta excepción tiene en cuenta las características propias de estos recintos, donde la distribución del espacio y el tránsito de personas difieren del entorno urbano convencional.

Zonas escolares: blindaje frente a la exposición temprana

Uno de los pilares de la Ley 2/2025 es la protección de los menores frente a la exposición al juego. Para ello, se modifica el artículo 11 de la Ley 8/2010, estableciendo zonas de influencia de 200 metros alrededor de centros educativos y de atención a menores.

En estas áreas, no se permitirá la instalación de salones de juego, bingos ni bares o cafeterías que, aunque no tengan como actividad principal el juego, se encuentren dentro del perímetro.

Esta medida responde a la necesidad de limitar la presencia de locales de apuestas en entornos frecuentados por menores, con el fin de evitar su exposición temprana a este tipo de actividades.

La ley no solo busca restringir el acceso físico, sino también reducir la visibilidad y normalización del juego en espacios escolares y juveniles. La inclusión de estas zonas de exclusión refuerza el enfoque preventivo de la norma, que se alinea con las recomendaciones de organismos especializados en salud pública y adicciones.

La distancia mínima se calcula en línea recta desde las puertas de acceso de los establecimientos, y su cumplimiento será supervisado por las autoridades competentes.

Aplicación inmediata y retroactividad parcial

La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 1 de julio de 2025, y tiene efectos inmediatos. No obstante, también introduce una cláusula de retroactividad parcial que afecta a determinadas solicitudes anteriores.

En concreto, las nuevas restricciones de distancia se aplicarán a todas las solicitudes de traslado o modificación de licencia que hayan sido presentadas desde el 1 de enero de 2024.

Esto significa que, aunque la ley se haya aprobado en julio de 2025, cualquier operador que haya solicitado cambiar de ubicación o modificar su licencia a partir de esa fecha deberá cumplir igualmente con la distancia mínima de 200 metros.

Esta disposición busca evitar que se eludan las restricciones mediante maniobras administrativas, como cambios de titularidad o traslados encubiertos. Asimismo, refuerza el compromiso del Gobierno autonómico con una regulación firme y coherente, que no deje resquicios legales para la expansión descontrolada del sector.

El órgano competente en materia de comercio será el encargado de determinar si un establecimiento se encuentra dentro de un centro comercial a efectos de aplicar las excepciones. Esta precisión técnica es clave para garantizar una interpretación uniforme de la norma y evitar conflictos entre administraciones locales y operadores privados.

Coordinación institucional y vigilancia ciudadana

La implementación efectiva de esta ley requerirá una estrecha colaboración entre el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y la comunidad educativa. En los próximos meses, se desarrollará un reglamento de ejecución que incluirá la elaboración de mapas de influencia, mecanismos de inspección y un sistema de sanciones para los incumplimientos.

Además, se habilitarán canales de denuncia ciudadana para que cualquier persona pueda alertar sobre posibles infracciones. Esta participación activa de la sociedad civil será fundamental para garantizar que la norma no quede en papel mojado y se traduzca en una mejora real del entorno urbano.

El Gobierno también prevé campañas informativas para sensibilizar a la población sobre los riesgos del juego patológico y la importancia de mantener estos establecimientos alejados de los espacios frecuentados por menores. Estas acciones complementarán el marco legal con una estrategia de prevención y educación.

También se contempla la formación específica de agentes de inspección y personal municipal para garantizar una vigilancia eficaz, así como la creación de un observatorio autonómico sobre el impacto del juego en la población joven.

Con estas herramientas, Canarias busca no solo legislar, sino transformar el entorno social y urbano hacia un modelo más saludable y sostenible.

La imposición de un límite de 200 metros entre locales de juego y zonas sensibles marca un antes y un después en la política de regulación del ocio en Canarias.

Con esta ley, el archipiélago apuesta por un modelo más responsable, que prioriza la salud pública, la protección de la infancia y la calidad del espacio urbano. Aunque plantea desafíos para el sector, también abre la puerta a una convivencia más equilibrada entre el negocio del juego y el bienestar colectivo.