CeJuego exige el cese del ministro Pablo Bustinduy y Mikel Arana

por Merche Peralías,
16/01/2026

Máxima tensión entre el sector del juego y el Gobierno tras la petición de dimisión del ministro Pablo Bustinduy y del director de la DGOJ, Mikel Arana. CeJuego acusa al Ejecutivo de difundir datos sancionadores de forma tendenciosa, perjudicando la imagen del juego privado legal en España.

CeJuego denuncia un uso sesgado de los datos públicos

El sector del juego acusa al Gobierno de distorsionar los datos sobre sanciones.

La organización CeJuego, que agrupa a las principales empresas del juego privado en España, acusa al Ejecutivo de presentar las sanciones del año de manera “parcial” y “descontextualizada”, generando una percepción pública distorsionada sobre el comportamiento de los operadores legales.

La polémica estalló tras la publicación de una nota oficial del Ministerio de Consumo, difundida por la DGOJ, en la que se detallaban más de 33 millones de euros en multas.

Aunque la cifra es real, CeJuego sostiene que la comunicación mezclaba infracciones de operadores autorizados con sanciones a webs ilegales, sin explicar la diferencia ni el peso real de cada caso.

El sector critica que el comunicado pasara por alto la sanción a SELAE, pese a que su multa de126.000€ figuraban en el total. Para la patronal, ocultar ese dato refuerza una narrativa que señala solo al operador privado y distorsiona la percepción pública del mercado regulado.

Según datos públicos, SELAE recibió varias sanciones por permitir el acceso de personas inscritas en el registro de autoprohibidos. Para la patronal, estos casos evidencian un control más laxo sobre el operador público frente a las exigencias que afrontan las empresas privadas.

Bustinduy y Arana, señalados por falta de neutralidad

La petición de cese alcanza a dos figuras clave: el ministro Bustinduy y Mikel Arana, director general de la DGOJ. CeJuego los señala a través de una comunicación institucional que, a su juicio, mezcla de forma deliberada el juego legal con el ilegal.

La patronal critica especialmente el titular del comunicado oficial: “Consumo sanciona a 26 operadores de juego con más de 3 millones de euros por infracciones graves: Betfair, 888 y Codere, entre los multados”.

Según el sector, este encabezado sugiere que los operadores autorizados recibieron sanciones millonarias, cuando las cifras reales para las empresas legales van de 17.500€ a 125.000€. La mayor parte de los 33 millones —30 millones— corresponde a seis operadores sin licencia.

Para CeJuego, esta presentación no es un hecho aislado, sino un patrón que “erosiona la imagen del sector legalmente establecido” y alimenta titulares sensacionalistas. La organización sostiene que el Gobierno actúa como “juez y parte”, al supervisar a los operadores privados mientras compite con ellos a través de SELAE.

El sector prepara acciones ante Competencia

La tensión ha escalado hasta el punto de que CeJuego ha anunciado que presentará un escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo es denunciar lo que consideran un conflicto de intereses estructural: el Estado supervisa a los operadores privados mientras participa activamente en el mercado a través del operador público.

La patronal insiste en que el sector privado legal es un aliado fundamental para combatir el juego clandestino, y que la comunicación institucional debería reflejar esta realidad en lugar de alimentar estigmas.

El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha sido especialmente contundente al afirmar que la presentación de datos por parte del Gobierno “desvirtúa la realidad” y “daña injustificadamente” a las empresas que cumplen la normativa.

Un conflicto que marcará el debate regulatorio en 2026

Aunque la petición de dimisión no implique consecuencias inmediatas, sí abre un escenario de tensión que podría influir en la agenda regulatoria del próximo año.

La industria reclama un diálogo real, basado en datos completos y contextualizados. Para las asociaciones del sector, es imprescindible que la comunicación pública refleje la diferencia entre actividad legal y actividad clandestina, especialmente en un momento en el que la opinión pública es especialmente sensible a estos temas.

Lo que sí parece claro es que este pulso marcará buena parte del debate regulatorio en 2026, en un contexto donde la lucha contra el juego ilegal, la revisión de la normativa publicitaria y la necesidad de reforzar la transparencia seguirán ocupando un lugar central en la discusión pública.