Codere pagó 679.000 euros para influir en leyes

por Julián Casado,
14/08/2025

Codere pagó 679.000 € a Equipo Económico, vinculada a Montoro, para influir en la regulación del juego, según una causa judicial. El caso apunta a posibles prácticas de lobby y tráfico de influencias entre 2008 y 2012.

Pagos a la consultora de Montoro bajo sospecha

Codere bajo la lupa judicial por pagos para influir en leyes del juego.

Entre 2008 y 2012, Codere realizó pagos por un total de 679.000 euros a Equipo Económico, firma fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

De acuerdo con los Mossos d’Esquadra, los pagos habrían tenido como finalidad influir en la elaboración, puesta en marcha y aplicación de la Ley del Juego, redactada bajo el gobierno de Zapatero y ejecutada durante el mandato de Rajoy.

La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, sostiene que Codere buscaba posicionarse favorablemente frente a competidores extranjeros que operaban sin tributar en España.

Las decisiones tomadas por Hacienda llevaron a varias compañías del ámbito del juego a realizar ajustes fiscales pendientes, una situación que terminó comprometiendo gravemente su salud económica. Esta situación propició que Codere se consolidara como el principal operador del mercado nacional.

Un actor estratégico en tiempos de cambio regulatorio

El exministro de Justicia Rafael Catalá desempeñó un papel determinante en la conexión entre Codere y la consultora Equipo Económico, especialmente en momentos clave del proceso de regulación del juego en España.

Su vínculo comenzó entre 2005 y 2011 en cargos directivos y se reanudó en 2018, cuando Catalá pasó a ejercer como asesor independiente en Codere. La relación con los fundadores de la consultora se remonta a su etapa como subsecretario de Hacienda, donde coincidió con figuras como Cristóbal Montoro.

Según los Mossos d’Esquadra, Catalá habría facilitado la interlocución entre ambas entidades, reforzando la posición negociadora de Codere en el contexto de la Ley del Juego sancionada en 2011.

Esta legislación supuso un punto de inflexión al exigir a las operadoras extranjeras el pago retroactivo de tributos como condición para acceder a licencias, lo que debilitó su competitividad y favoreció el liderazgo de Codere.

En medio del ajuste fiscal derivado de la crisis financiera, la participación de Catalá ha despertado cuestionamientos sobre los posibles beneficios específicos que pudo obtener la compañía.

Intervenciones ante Hacienda: correos, reuniones y presión estratégica

Las pesquisas apuntan a que Codere habría desplegado una intensa actividad de influencia sobre el Ministerio de Hacienda, recurriendo a comunicaciones electrónicas, encuentros presenciales y otras acciones que podrían interpretarse como intentos de presión institucional.

En 2013, la empresa solicitó una reunión con el secretario de Estado, Miguel Ferré, tras la publicación de un artículo que señalaba beneficios fiscales obtenidos por Codere. Correos intervenidos muestran conversaciones entre altos cargos del ministerio y representantes de la empresa, en las que se cuestiona la veracidad de las cifras publicadas.

Los Mossos destacan que estas presiones, junto con las inspecciones fiscales, llevaron al pago extemporáneo de impuestos por parte de las operadoras extranjeras, debilitando su capacidad de inversión y publicidad. Codere se vio beneficiada, al partir de una posición ya consolidada en el ámbito nacional.

Un caso que va más allá del sector del juego

Aunque la investigación se centra en Codere, los Mossos advierten que el presunto tráfico de influencias podría extenderse a otros sectores. Firmas del ámbito energético y de la construcción habrían efectuado pagos a Equipo Económico con el fin de condicionar decisiones tomadas por el Ejecutivo.

El denominado caso Montoro, que ya ha provocado la imputación de más de treinta individuos, podría sacar a la luz una red más extensa de favores políticos.

Por ahora, ni Montoro ni los responsables de Codere han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La investigación sigue su curso, y se espera que en los próximos meses se esclarezcan las responsabilidades y posibles consecuencias legales para los implicados.