Sumar propone medidas estrictas para criptomonedas en España

Una nueva propuesta fiscal y operativa ha encendido el debate sobre las criptomonedas en España, generando inquietud entre inversores y plataformas. El texto, impulsado por Sumar, endurece la tributación y eleva la supervisión del sector, anticipando un giro más estricto del que el mercado esperaba hasta ahora.

El endurecimiento fiscal que reabre el debate regulatorio

Monedas de bitcoin con gráficos financieros y el logo de Sumar.

La propuesta de Sumar endurece la fiscalidad y el control sobre las criptomonedas.

El mercado crypto español atraviesa un momento de tensión tras la presentación de una propuesta que endurece el marco fiscal y operativo actual. El texto, impulsado por Sumar, introduce cambios que afectan a la tributación al tener y comprar criptomonedas y a la actividad de plataformas y usuarios.

La medida más destacada es la integración de las ganancias en activos digitales dentro del IRPF. Esto elevaría el tipo máximo del 30% al 47%, un salto que situaría a muchos inversores en tramos de altas rentas. Para los profesionales, los beneficios quedarían gravados al 30%, lo que añade presión a un mercado ya volátil.

El proyecto también amplía la definición de bienes embargables al incorporar todos los criptoactivos en manos de particulares y empresas. Esta extensión, que va más allá de lo previsto por MiCA, ha generado inquietud entre juristas por el riesgo de choque normativo y el aumento de la inseguridad jurídica.

Además, la propuesta busca equiparar el tratamiento de los criptoactivos al de los productos financieros tradicionales, lo que obligaría a los inversores a revisar cómo declaran, custodian y gestionan sus activos, introduciendo obligaciones que podrían transformar el funcionamiento del sector.

El “semáforo de riesgo”: símbolo del nuevo control

La medida más polémica es la creación de un “semáforo de riesgo” obligatorio para todas las plataformas de compraventa y custodia. La CNMV sería la encargada de clasificar cada criptoactivo según su nivel de seguridad, basándose en criterios como liquidez, registro regulatorio o mecanismos de protección al usuario.

El objetivo oficial es ofrecer información clara y estandarizada, pero expertos advierten que su aplicación requeriría herramientas técnicas avanzadas y una supervisión constante. En un mercado tan volátil, un error de clasificación podría distorsionar la percepción del riesgo, afectar la liquidez o incluso provocar movimientos bruscos.

Impacto directo en la adopción y en la competitividad del mercado

El sector teme que una carga fiscal tan alta frene la adopción y desvíe parte de la actividad hacia canales no declarados. También preocupa que elevar el IRPF al 47% reduzca la liquidez del mercado y frene la incorporación de nuevos usuarios.

Para los pequeños inversores, el nuevo marco podría traducirse en más trámites, más controles y una mayor presión fiscal, un escenario que incrementa la sensación de incertidumbre.

Las plataformas, por su parte, tendrán que adaptarse a un entorno más exigente, con auditorías más frecuentes, mayores obligaciones de transparencia y nuevos requisitos de información.

Efectos colaterales en el juego online y los pagos digitales

El debate sobre las criptomonedas en España coincide con tensiones en otros sectores digitales, especialmente el del juego online. Operadores advierten que las últimas medidas han alterado el equilibrio entre protección al consumidor y libertad empresarial.

En este contexto, los usuarios que operan con criptomonedas se encontrarán con un ecosistema más vigilado, donde la trazabilidad y la verificación de identidad serán elementos centrales. Esto afectará especialmente a los casinos con criptomonedas, cuya operativa transfronteriza ya plantea desafíos adicionales.

Su rápido crecimiento y la falta de un marco homogéneo en la UE podrían obligarles a cumplir requisitos similares a los del juego tradicional.

¿Regulación necesaria o freno a la innovación?

El debate sobre el alcance de la regulación de las criptomonedas continúa abierto. La propuesta presentada introduce cambios relevantes en materia fiscal y operativa, y su aplicación dependerá del consenso político y del desarrollo normativo que pueda surgir en los próximos meses.

Las reacciones dentro del sector no son homogéneas. Parte de la industria valora que un marco más definido pueda aportar mayor seguridad jurídica, mientras que otros operadores alertan de que un incremento de obligaciones podría alterar el funcionamiento actual del mercado.

Por ahora, el texto sitúa el foco en un endurecimiento del tratamiento fiscal y en una supervisión más estricta de la actividad. El proceso legislativo seguirá su curso y será su evolución la que determine el impacto real sobre el ecosistema crypto.

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