El veto publicitario de Garzón a los operadores online sigue trayendo cola
La carta que la pasada semana el ministro de Consumo Alberto Garzón envió a 25 clubes de fútbol profesionales de la primera y segunda división, instándoles a cancelar los acuerdos comerciales con casas de apuestas habida cuenta de la próxima aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto sobre comunicaciones comerciales, sigue trayendo cola. El sector se considera altamente perjudicado y no descartaría iniciar medidas legales contra la prohibición que se viene encima.
El sector parece estar muy enfadado por la misiva que el ministro Alberto Garzón envió a 25 clubes de la Liga Santander y la Liga Smartbank advirtiéndoles de que el Real Decreto próximo a ser aprobado convertirá en papel mojado sus acuerdos comerciales con las casas de apuestas. Éstas estarían estudiando medidas legales contra el Real Decreto. ©geralt/Pixabay
Los clubes de la liga de fútbol profesional no se lo habrían tomado tan mal, apenas como una notificación; pero lo cierto es que la carta que les enviaba el actual ministro de Consumo Alberto Garzón la pasada semana no dejaba lugar a dudas: a partir de la próxima temporada, los acuerdos comerciales cerrados con casas de apuestas y que implican publicidad estática en los estadios o en las equipaciones deportivas, deberán estar cancelados a riesgo de situarse fuera de la ley.
Críticas desde el sector
El mismo 29 de octubre, Jdigital, la patronal del sector que agrupa a diversos operadores de juego online y presencial en España como Sportium, Betfair, Luckia, Winamax, o el nuevo patrocinador del Cádiz CF, el operador asiático Dafabet con sede en Makati, Manila, publicaba un tuit en el que afirmaba no descartar recurrir el Real Decreto sobre la publicidad de los operadores de juegos y apuestas impulsado por el ministro Garzón. En el tuit se reiteraba que
“desde Jdigital advertimos del aumento del juego ilegal por las restricciones previstas y reclamamos una regulación justa que no discrimine al juego privado.”
Además, en el susodicho tuit la asociación empresarial se hacía eco de una información publicada por el diario generalista El Confidencial en la que se advertía de la posibilidad de que las casas de apuestas acudan a los tribunales para defender sus intereses frente lo que entienden como la interferencia del gobierno en un negocio legítimo. De todas formas, hasta que el Real Decreto sea aprobado y publicado oficialmente no parece que vaya a ver ningún movimiento en este sentido.
El libre mercado en entredicho
Según se extrae de la información publicada, la industria estaría realmente molesta con el Real Decreto porque conlleva una discriminación del juego privado frente a los juegos de azar de titularidad pública que no estarían siendo contemplados en la nueva legislación. De esta manera, Loterías se podría permitir patrocinar la retransmisión de partidos de fútbol en horario convencional mientras esto mismo estaría prohibido para las casas de apuestas.
La nueva legislación ideada desde el ministerio de Consumo estaría así atentando contra el libre mercado y la libre competencia, se habría afirmado desde el sector. Además, los daños económicos serían prácticamente irreparables. Se calcula que los operadores online dejarían de invertir un 65% de lo que le dedican a campañas publicitarias y de patrocinio. Cerca de 300 millones de euros que estaban alimentando la economía española estarían ahora en serio peligro.
La EGBA se suma a las críticas
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) respalda las preocupaciones exteriorizadas desde la industria en los últimos días. De esta manera, desde la patronal europea del juego se afirmaría que la legislación estaría de hecho favoreciendo los juegos de azar de titularidad pública, las loterías, y que podría estar entrando en conflicto con las normas de la Unión Europea sobre las ayudas estatales.
Su secretario general Maarten Haijer le pedía al gobierno español en un comunicado de prensa que reconsiderase las medidas adoptadas:
“Instamos al gobierno español a que reconsidere sus restricciones publicitarias, ya que no existen datos suficientes que respalden las medidas, y la concesión de privilegios publicitarios a las empresas estatales frente a las privadas podría entrar en conflicto con las normas de la UE sobre ayudas estatales. Las restricciones discriminan claramente a las empresas privadas y favorecen los intereses económicos de las loterías estatales, que son, con mucho, los principales anunciantes del país en el sector de los juegos de azar. Y aunque la EGBA apoya plenamente la publicidad responsable, el alcance y el tipo de restricciones propuestas no se justifican.”– Maarten Haijer, Secretario General, EGBA, en comunicado de prensa
La realidad del juego ilegal
Una de las preocupaciones principales de la industria es que las restricciones a la publicidad del juego y las apuestas impulsadas desde el gobierno canalice la actividad de los jugadores y apostadores hacia el juego ilegal, lo que supondría un perjuicio económico importante para el sector con la consabida pérdida de clientes. Pero ¿cuán real es la amenaza?
El pasado abril el ministro Garzón, en una entrevista publicada por el diario El País, afirmaba que no se tenía constancia de que hubiese aumentado el juego ilegal durante los meses de confinamiento. Lo único que se podía constatar, en cambio, era un crecimiento de la actividad legal de apuestas y juegos online. Su preocupación principal estaría encaminada a prevenir las posibles patologías derivadas de la actividad legal.
Pero la definición de “juego ilegal” es un tanto elusiva. Según el organismo regulador en nuestro país, la DGOJ, el juego ilegal “es aquel que se desarrolla incumpliendo la ley”. De acuerdo al texto de la ley, para que un operador sea considerado legal en España debe contar con una licencia habilitada por la DGOJ, registro mercantil en nuestro país, un espacio web con el dominio .es, y ofrecer juegos regulados para los que se ha obtenido la licencia correspondiente. Disposiciones similares existen en otros países europeos.
No obstante, la realidad de la world wide web traspasa fronteras nacionales. Los operadores de juegos y apuestas online a menudo cuentan con licencias de autoridades reguladoras como Malta (Malta Gaming Authority) y Gibraltar (Gibraltar Regulatory Authority), aunque no dispongan de una gestionada por la DGOJ. Aunque esto los hace ilegales a los ojos de la autoridad española, no lo son en la red.
